No es un secreto que durante el gobierno de López Obrador hubo una atención asistencialista a los grupos en situación de vulneración, reduciéndose en muchos casos a las becas y apoyos económicos, que si bien se necesitan jamás serán suficientes y no pueden en ningún caso sustituir políticas públicas que pongan alto a la discriminación y marginación hacia dichas poblaciones.Luego de tres meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿cabría esperar algo diferente?
Basta revisar su discurso el domingo 12 de octubre en el marco de sus primeros cien días de gobierno, donde la únicas menciones a la población con discapacidad fueron: “en 2025, 2 millones de personas con discapacidad permanente recibirán su apoyo”, y “a partir de febrero, todas las personas mayores y con discapacidad van a recibir la visita mensual o bimensual de un enfermero o enfermera, médico o médica general para atenderles y prevenir enfermedades”.
Cabe decir (y aquí no hay otros datos sino los del INEGI 2020) que la población con discapacidad de 0 a 64 años en México rebasa los 14 millones 780 mil personas. Y haciendo un sencillo ejercicio matemático, se requeriría ¡septuplicar! el presupuesto destinado a este apoyo para que alcance para todas y todos.
Aún con dicho escenario, claro que hay mucho por hacer: vienen los Foros rumbo al Plan Nacional de Desarrollo y es aplaudible el interés de organizaciones y colectivos civiles de y para personas con discapacidad deseosas de alzar su mano y voz para que necesidades muy puntuales de esta comunidad sean atendidas y pueda proyectarse a mediano y largo plazo un modelo de nación donde la garantía de los derechos de los grupos vulnerados tenga, precisamente un enfoque de derechos y no asistencial.
Necesitamos que no sea sólo el dinero —que aclaro, siempre es necesario— sino proyectos auténticamente inclusivos los que hablen por el trabajo de un Gobierno. Que por esperanza no quede.